Preguntas frecuentes

Dependiendo de su actividad y situación fiscal, un autónomo puede tener que presentar diferentes declaraciones, como el modelo 130 de IRPF, el modelo 303 de IVA, el modelo 111 por retenciones de trabajadores o profesionales y otras declaraciones informativas. Las obligaciones concretas dependen del régimen fiscal, la actividad y el tipo de operaciones realizadas.

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El modelo 303 es la autoliquidación del IVA. En las declaraciones trimestrales, normalmente se presenta durante los primeros 20 días naturales de abril, julio y octubre, mientras que el cuarto trimestre se presenta durante enero. Existen particularidades según el régimen y la periodicidad del contribuyente.

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El modelo 347 es una declaración informativa anual sobre determinadas operaciones realizadas con terceras personas. Su presentación se realiza, con carácter general, durante el mes de febrero respecto de las operaciones del año anterior. La obligación depende de las operaciones realizadas y de las circunstancias del contribuyente.

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Ambos modelos están relacionados con los pagos fraccionados del IRPF de autónomos, pero se aplican a regímenes diferentes. El modelo 130 corresponde, con carácter general, a actividades en estimación directa, mientras que el modelo 131 se utiliza para actividades en estimación objetiva, cuando proceda.

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Una empresa puede estar sujeta, entre otros, al Impuesto sobre Sociedades, IVA, retenciones e ingresos a cuenta y diferentes declaraciones informativas. También pueden existir obligaciones específicas según la actividad, operaciones realizadas, trabajadores o características de la empresa.

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El modelo 111 se utiliza para declarar e ingresar determinadas retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias. Puede afectar a empresas y autónomos que pagan determinadas facturas profesionales o tienen trabajadores.

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El modelo 650 corresponde a la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por adquisiciones mortis causa, es decir, herencias y determinados seguros de vida. Con carácter general, el plazo de presentación es de seis meses desde el fallecimiento y existe la posibilidad de solicitar una prórroga en determinadas condiciones.

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Son conceptos jurídicos diferentes. El desistimiento supone que una de las partes pone fin al contrato en los supuestos previstos legalmente; la resolución implica la terminación del contrato por determinadas causas, mientras que la prórroga supone prolongar su duración. Las condiciones dependen del tipo de contrato y de la normativa aplicable.

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En un arrendamiento de vivienda, la fianza legal es de una mensualidad de renta. En arrendamientos para uso distinto del de vivienda, la fianza legal es de dos mensualidades. Además, pueden existir garantías adicionales dentro de los límites establecidos legalmente.

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Son impuestos diferentes que pueden aparecer en operaciones relacionadas con inmuebles o transmisiones. El ITP puede gravar determinadas transmisiones patrimoniales, la plusvalía municipal (IIVTNU) grava determinados incrementos de valor de terrenos urbanos y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava, entre otros supuestos, las adquisiciones por herencia. La obligación concreta depende de la operación, el inmueble y las circunstancias del contribuyente.

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